¿Pueden los musulmanes ser españoles?
El precursor fue José Manuel García-Margallo, de 67 años, hoy en día ministro de Asuntos Exteriores de España y, hasta finales de 1982, diputado de Melilla por la Unión de Centro Democrático, un partido de centro-derecha hoy en día desaparecido. Fue el promotor de una reforma del código civil, aprobada en julio de 1982, que en la práctica impidió a los musulmanes de esa ciudad obtener la nacionalidad española cuando alcanzaban la mayoría de edad.
Esa iniciativa fue la primera demonstración, en la España democrática de finales del siglo XX, de la desconfianza que inspiran a los conservadores españoles, sobre todo a los de la Península, los musulmanes de esas dos ciudades –su población no llega a los 160.000 habitantes- que España posee en África del Norte. José Ignacio Wert, el ministro de Educación del Partido Popular, acaba, el martes pasado, de brindar una nueva prueba.
En 1982 solo el 17,5% de los musulmanes bereberes de Melilla tenían la nacionalidad española. Hasta entonces los que habían nacido en la ciudad podían optar, cuando alcanzaban la mayoría de edad, por la nacionalidad española. Era esta “la única vía que permitía una real integración” de los musulmanes, recuerda en un libro, publicado en 2010, (La ley de extranjería de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de Melilla) el escritor y periodista Fernando Belmonte.
La reforma introducida por García-Margallo otorgó al Ministerio de Justicia la potestad de decidir sobre la concesión de la nacionalidad. Las solicitudes podían ser rechazadas por “motivos de orden público o interés nacional”. En 1982, 269 jóvenes musulmanes bereberes obtuvieron la nacionalidad española en Melilla. En 1983, cuando entró en vigor la reforma, solo fueron 18. Se trataba de “evitar que las nacionalizaciones propiciaran en el futuro una mayoría de ciudadanos españoles de origen bereber”, escribe Belmonte.
Él mismo escritor, el bloguero melillense Enrique Delgado o el exdiputado europeo español Abdelkader Mohamed Ali, señalan a García-Margallo. Es el instigador de esa enmienda del código civil que, junto con la ley de extranjería de 1985, provocó, el año siguiente, la rebelión de los musulmanes de Melilla. Gracias a ella conquistaron sus derechos.
El libro de Belmont fue publicado por el Instituto de las Culturas de Melilla, un organismo municipal, que presidía entonces Abdelmalik el Barkani. En el preámbulo que firma elogia abundantemente al autor. El Barkani fue una de las víctimas de aquella iniciativa legislativa. Solo pudo obtener la nacionalidad española hace 20 años, pero, a principios de enero, se convirtió en el primer gobernador musulmán de la ciudad nombrado a instancias del presidente del Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda. Su designación es la excepción que confirma la regla de la prevención hacia los musulmanes.
En su juventud El Barkani , nacido en Melilla en 1960, no era español ni marroquí. Estaba, como otros muchos musulmanes melillenses, en un limbo jurídico. Cuando la policía le paraba por la calle mostraba los dos únicos documentos que poseía: un certificado de nacimiento en Melilla y otro de escolarización en el Instituto La Salle. La policía le dejaba entonces seguir su camino.
Después de García-Margallo hubo otros más. Apareció, por ejemplo, Federico Trillo, presidente del Congreso de los Diputados en los años noventa y ahora a punto de ser nombrado embajador en Estados Unidos. En 1999 desaprobó la elección de Mustafá Aberchán, la primera de un presidente (alcalde) musulmán en Melilla. “Lo mejor para Ceuta y Melilla es que estén en manos de partidos políticos que garanticen la españolidad de estas dos poblaciones”, afirmó. Nunca, sin embargo, los partidos locales de mayoría musulmana han puesto en tela de juicio la soberanía española.
Tras la vuelta al poder de los conservadores en España –el Partido Popular ganó las elecciones a finales de noviembre- las sospechas han aflorado de nuevo rápidamente. Esta vez ha sido el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el que tomó la delantera, el martes pasado, en una comisión del Congreso. Atribuyó el elevado índice de fracaso escolar en ambas ciudades a la “avalancha de marroquíes” que se “benefician” de la gratuidad del sistema escolar en España.
Más no se pudo equivocar. Es en Ceuta donde el número de alumnos extranjeros (2,5%) es el más bajo de toda España. En Melilla es algo más elevado (8,3%), pero se sigue situando por debajo de la media nacional y lejos detrás de otras comunidades como Cataluña (13,1%), Madrid (13,6%) o La Rioja (15,9%). Sus palabras fueron reprobadas no solo por los musulmanes de ambas ciudades sino también desde las filas del PSOE o de los sindicatos.
“No se puede tolerar (…) que un ministro despoje de su nacionalidad a miles de ciudadanos españoles residentes en Ceuta por el hecho de profesar la religión musulmana”, denunció, por ejemplo, la coalición electoral Caballas, de mayoría musulmana, En realidad, el ministro confundió marroquíes y musulmanes –estos son mayoritarios en los colegios de ambas ciudades- y de pasó se olvidó de que la escuela pública también es gratuita en Marruecos.
El bullicio político obligó al ayuntamiento de Ceuta y al diputado de la ciudad, Francisco Márquez, ambos del Partido Popular, a desmarcarse de su Gobierno. “Wert se ha equivocado. No ha tenido tiempo de conocer la realidad de Ceuta. Me encargaré de informarle”, escribió Márquez en su Twitter. El ministro acabó rectificando. ¿Cuándo se producirá el próximo patinazo de un dirigente conservador español?
